26/09, 15hs: Por una Justicia Imparcial, Decente, Valiente y Justa

CONCENTRACIÓN CIUDADANA POR UNA JUSTICIA IMPARCIAL, DECENTE, VALIENTE y JUSTA

CUÁNDO: 26 DE SETIEMBRE HORA 15

DÓNDE: BUENOS AIRES Y JUAN CARLOS GOMEZ

 Desde la época romana, la Justicia ha sido representada por la diosa Themis. La cual se presenta con el aspecto de una noble mujer empuñando en todo lo alto la espada de la ley; sosteniendo con la otra mano, la balanza de la equidad y manteniendo siempre los ojos vendados en señal de imparcialidad. Esto es, que deja caer la fuerza de la espada sobre quien trate de desequilibrar la balanza, no viendo las particularidades del individuo, sin importar que sea joven o viejo, rico o pobre, enfermo o sano, blanco o negro, virtuoso o criminal.

                                                      

La simbología implícita en la efigie de la Diosa Themis, refiere precisamente a las virtudes ontológicas  que debe contener un sistema de administración de justicia y que precisamente, son los que se reclamaran en la concentración ciudadana convocada para el día 26 de setiembre, a la hora 15 en Buenos Aires y Juan C Gómez.

En nuestro país, aconteció un hecho que conmocionó a la sociedad, no solo  por su ostensible apariencia ilegal, sino por su trama conspirativa que podría involucrar a funcionarios del los tres poderes del Estado, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, contextualizado en un pretendido resultado exculpatorio de procesados que revisten la condición de acaudalados banqueros.

Para la administración de justicia constituye una investigación criminal   histórica, y un verdadero desafío.

En efecto, la historia criminal del país no registra la existencia de una denuncia de conspiración, es decir, de aparente “conciliun fraudis”, que involucre en apariencia, a funcionarios de los tres poderes del Estado.

Sin embargo, a grandes rasgos, los hechos que se sucedieron pueden sintetizarse de la siguiente manera:

El Dr. Gonzalo Fernández, a la sazón Ministro de Estado, patrocina por medio de su estudio, a un co-encausado  en el proceso penal que se sigue contra   los hermanos Peirano.

El Dr. Fernández, en tanto que Ministro de Estado en su actividad publica y defensor privado ( por medio de su estudio)  en el caso “Peirano”,  se interesa personalmente, en promover la derogación  del articulo 76 de la ley 2230,  curiosamente, único delito imputado en el auto de procesamiento a su defendido y a los hermanos Peirano.

Para ello se contacta personalmente con el miembro informante del proyecto de ley 18387 ( ley de quiebra y concordatos) Dr. Sergio Abreu, al cual le solicita “como gauchada”,  que impulse la sanción de una ley complementaria  que derogue el articulo 76 de la ley 2230,  en ese mismo sentido, se comunica telefónicamente con el diputado nacionalista Alvaro Lorenzo, para convencerlo de la necesidad de dicha derogación.

A los señalados legisladores, los convence de que dicha derogación no implicaría la anulación del proceso penal seguido contra los Peirano y otros procesados.

Nuestros legisladores, por negligencia, por desidia, por ignorancia, por ineptitud o intencionalmente, para favorecer a los banqueros, motivaciones que la administración de justicia deberá investigar, efectivamente sancionaron la ley complementaria número 18.411 por la cual derogan el artículo 76 de la ley 2230.

Insólita y paradójicamente, una vez promulgada la ley 18.411, el estudio del Dr Gonzalo Fernández, realiza una presentación procesal por la cual, pese a que se había deducido acusación fiscal imputando otros delitos diferentes al del auto de procesamiento, no obstante, pide la anulación del proceso.

Cuando toma estado público esta aparente maniobra,  se suceden diversas declaraciones de los legisladores que son altamente sugestivas.

Margarita Percovich decía: “ FUE UN OPERATIVO, NADIE ES INOCENTE”

Sergio Abreu decía: “ CARAMBOLA A TRES BANDA CON CASIN

La fiscal  Raquel González y la juez Mariana  Motta, desestiman el pedido de anulación,  los abogados de los hermanos Peirano  interponen recurso de apelación y el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno, emite la sentencia número 433 de fecha 29 de julio de 2010 por la cual resuelven:

“Revocar la resolución nro. 1228 de fs. 114/117 vta. recurrida y en su mérito disponer la clausura de las actuaciones de éstos autos.-

Y, oportunamente vuelvan al Juzgado de origen al que se cometen las comunicaciones de estilo.-“

Esta sentencia causo sorpresa en el ámbito jurídico penal, por cuanto, supuso una tesis absolutamente novedosa, contraria a la jurisprudencia unánime y consolidada de nuestros Tribunales Penales y fundamentalmente, es absolutamente inconciliable con dos normas muy claras, el articulo 132 del Código del Proceso Penal, que establece que el auto de procesamiento no causa estado, es provisorio y reformable y el articulo 22 de la Constitución de la Republica que establece que: “ Todo juicio criminal  empezara con acusación de parte….”

Entonces, si el auto de procesamiento no causa estado,  si es provisorio y si es  esencialmente reformable, conforme al transcripto articulo 22 de la Constitución, una vez que el Fiscal deduce acusación por un delito diferente al del auto de procesamiento, aquella figura inicialmente imputada, es historia y pierde toda virtualidad jurídica, por cuanto fue sustituida por la imputada en la acusación fiscal.

Nunca en la historia jurisprudencial penal del país, un Tribunal   había sostenido una  tesis tan flagrantemente  contradictoria con dos normas contundentes,  armónicas y sistematizadas.

Naturalmente. esta circunstancia genera suspicacias, pues la tesis del Tribunal, es rayana en el absurdo jurídico, y precisamente, se dicta en un proceso en el que están involucrados poderosos banqueros y  en virtud de una ley, cuyo origen es tan opaco como sospechoso.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, por sentencia numero 1170, en base fundamentalmente a la correcta interpretación sistemática del artículo 132 del Código del Proceso Penal y articulo 22 de la Constitución,  hizo lugar a la casación interpuesta por la Fiscalía, por lo que el juicio penal continúa.

Todo lo relatado resulta altamente sospechoso.

Primero, un Ministro que  ejerce de los dos lados del mostrador, le pide a un  legislador colega del partido nacional, que presente un proyecto de ley que deroga un artículo por el cual se beneficia  su cliente formal y los banqueros procesados.

Segundo,  un legislador abogado, que se presta aduciendo que fue una  “gauchada”

Tercero,  los  legisladores, algunos  aduciendo engaño, otros negligencia   sancionan la ley.

Cuarto, un Tribunal de Apelaciones en lo Penal  emite una sentencia contraria a la jurisprudencia unánime y casi rayana en el absurdo jurídico.

Tratándose del caso del juzgamiento de poderosos y acaudalados banqueros demasiadas casualidades juntas.

Como broche final, en el medio de todo este escándalo, la figura del  inefable  Gonzalo Fernández

Evidentemente, no es exagerado concluir  que la presente, es la investigación presumarial mas trascendente  de la historia judicial criminal

del país, en la misma se ven involucrados: Presidente de la Republica, Ministro de Estado, Legisladores, Magistrados y banqueros.

Por si esto fuera poco, el Fiscal Especializado en Crimen Organizado que interviene en el caso, el Dr Ricardo Perciballe, es notoriamente frenteamplista, compañero de cátedra del Dr. Gonzalo Fernández y en su momento, cuando era Fiscal  departamental de Rocha, a instancia de Gonzalo Fernández, Vázquez trato de   traerlo de Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

Muchos intereses económicos, muchas personas importantes, muchos conocimientos personales, muchas carreras en juego, todo lo cual, supone una fuerte  presión  para arrebatarle  la venda  de los ojos a la diosa Themis, a efectos de que observe los personajes y luego, en función de los poderes e influencias de los mismos, enfunde la espada y permita que la balanza se desnivele a favor de aquellos.

Solo el respaldo del pueblo, luchando para que no caiga la venda, no se enfunde la espada y no se desnivele la balanza, permitirá que impere la justicia, entendida esta, como la mas excelsa de las virtudes.

POR ELLO, EL 26 DE SETIEMBRE, A LA HORA 15 ,TODOS A BUENOS AIRES Y JUAN CARLOS GOMEZ, POR  UNA JUSTICIA IMPARCIAL, VALIENTE Y JUSTA

Ese día ratificaremos la denuncia de todos estos hechos ante la justicia penal especializada  y solicitaremos que el Dr Perciballe se abstenga de seguir interviniendo en la causa antento a las razones señaladas

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MEDIANTE CONTRATOS ILEGALES EL FRAUDE AMPLIO VENDE EL PATRIMONIO DE LOS ORIENTALES Y TERMINA POR ENTREGAR LA SOBERANIA NACIONAL

A continuación la fundada presentación procesal del Fiscal Letrado Nacional en lo Civil de 3 Turno Dr. Enrique Viana Ferreira, por la cual solicita la anulación del  ilegal, cuan leonino, contrato entre el Poder Ejecutivo y la corporación anacional Montes del Plata.

Demanda declaración judicial  de Nulidad Absoluta del Contrato de Inversión entre el Poder Ejecutivo y la Corporación Anacional Privada Montes del Plata.-

Sra. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE 16º TURNO.-

El Ministerio Público – Fiscalía Letrada de la República, Nacional, en lo Civil, de 3er. Turno, con domicilio electrónico ya constituido en FISNALCIV3@notificaciones.poderjudicial.gub.uy, en los autos caratulados “FISCALIA LETRADA EN LO CIVIL DE 3º TURNO c/ ESTADO – PODER EJECUTIVO – M.V.O.T.M.A. – Diligencia Preparatoria – Intimación“, ficha               2-53475/2010        2-53475/2010, DICE:

Deduce demanda de declaración judicial de NULIDAD ABSOLUTA del CONTRATO DE INVERSION, acordado con fecha 18 de enero de 2011, entre el ESTADO – PODER EJECUTIVO y la Corporación Anacional Privada denominada MONTES DEL PLATA.

Ambos demandados deberán ser convocados a estar a Derecho, emplazándoselos a contestar la demanda. En el caso del ESTADO – PODER EJECUTIVO, en la Presidencia de la República, notificándolo en el domicilio contractual en la Plaza Independencia Nº 710, Edificio Torre Ejecutiva, Pisos 1 y 2, y en el caso de MONTES DEL PLATA, haciéndolo en el domicilio contractual  sito en la calle Paraguay Nº 1470, piso 7, y en el domicilio que ya denunciara en autos (f. 918), respectivamente.

LOS HECHOS PROBADOS.

1. En la presente causa judicial, a pedido de esta Fiscalía, se requirió el suministro de información pública a diversas entidades estatales en relación con la construcción y la posterior puesta en funcionamiento de una nueva fábrica de celulosa, esta vez en el paraje Punta Pereira, sobre costas del Río de La Plata, vecino a la localidad de Conchillas, en el Departamento de Colonia. Consiste en un nuevo emprendimiento industrial, a cargo de dos corporaciones privadas extranjeras, STORA ENSO y ARAUCO, que a nivel nacional operan como un conjunto económico (joint venture)  bajo el nombre empresarial de MONTES DEL PLATA. La actividad industrial anunciada refiere a la producción de pasta de celulosa y a partir de la madera proveniente de plantaciones forestales (eucaliptus y pinos), con destino a la elaboración de papel. Implica variados procesos químicos para el blanqueo respectivo en los que se emplean diversas substancias peligrosas para el ambiente (azufre, dióxido de cloro, óxido de sodio, etc.). Y sabido es que la industria de la celulosa es generadora de diversos y significativos impactos ambientales negativos, tanto directos: emisiones atmosféricas, contaminación de las aguas por efluentes tóxicos, residuos sólidos, mal olor, potenciales afectaciones de la salud humana, etc., como indirectos: degradación de recursos naturales por el aumento de la forestación, perturbaciones a otras actividades productivas y al turismo, etc.. Inclusive, a la fecha, también se anticipan graves y variados impactos sociales: desempleo, exclusión, pobreza, prostitución, prostitución infantil, etc..

1.1. Ya en el primer escrito en estas actuaciones, se explicó que se conocía que entre el Estado y el citado conjunto económicoanacional privado se estaba negociando un Contrato de Inversión, por el cual se procuraba asegurar la instalación y funcionamiento de la referida industria celulósica en el territorio nacional. Se mencionó que en la negociación del contrato con esa Corporación Anacional Privada, llamativamente,  tuvo intervención directa, en representación del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Sr. Ministro Dr. LUIS ALMAGRO, quien, en el correr del mes de octubre de 2010, y a esos efectos, viajó a Suecia y a Finlandia para reunirse con los ejecutivos de la firma STORA ENSO……………………………..

MAS INFORMACIÓN :

http://www.sallelorieranaliza.com/archives/mediante-contratos-ilegales-el-fraude-amplio-vende-el-patrimonio-de-los-orientales-y-termina-por-entregar-la-soberania-nacional/

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